Control del Gasto Publico.- Articulo de Antonio Arias Rodríguez
En mi opinión, gracias a la exposición que realiza en su artículo Antonio Arias Rodríguez, a muchos nos queda aun un halo de esperanza. De esperanza sí, porque al menos existe ya el planteamiento serio de que la figura del “interventor” es obsoleta y deberían modificarse sus tareas para el cumplimiento de objetivos, es decir, como bien dice el articulo debería ser la de un “compañero” del gestor, y no el que pone las pegas, inconvenientes y en descuidarte hasta rechaza el documento por no adaptarse al formalismo administrativo, echando por tierra la labor de un profesional gestor, que ha llevado meses y meses en conseguir una mejora que puede repercutir en muchas secciones o áreas.
Pero eso si, “hecha la ley hecha la trampa”, famoso refrán español que en nuestras Administraciones Publicas podemos ver aplicado en reiteradas ocasiones. Dado que las dificultades para conseguir el objetivo por los gestores se confrontan en la “Intervención”, que mejor manera tipical spanish que desarrollar argucias para poder “engañar” al interventor. Eso si, de una manera legal, es decir de forma que pueda autorizarlo aunque todos los implicados sepan que no es del todo cierto lo que al final se aprueba, pero, y volviendo nuevamente al refranero español: “El fin si que justifica los medios”.
Dicen que esta situación esta cambiando, o al menos se pretende que así sea, y este articulo ayuda y carga de energía para seguir planteando un cambio serio y rápido en áreas de fiscalización, buscando una actuación mas coherente al momento social actual, que evite la fiscalización limitada y que por el contrario establezca un PLAN. Plan de auditoria predeterminado y que deba ser aprobado por la autoridad que corresponda, para dirigir el esfuerzo sobre aquellas áreas inestables y susceptibles de producir mas errores.
Nuestro sistema esta obsoleto y muchos ejemplos hay al respecto. Parece ser que a nivel local esta situación se multiplica, no porque no exista la normativa a aplicar, sino porque la ausencia de controles económicos y financieros que se permite, esta dentro del marco como “permitido”, existiendo tolerancia hasta el punto de constituir situaciones delictivas como sucedió en el Ayuntamiento de Marbella.
Pero ¿Qué dijo el Tribunal de Cuentas como responsable superior de la fiscalización? Todo se resumió en que “la fiscalización que debía haber realizado el interventor, debía haber sido critica y previa”. ¿Pasó algo más? ¿Se ha modificado el sistema de fiscalización? ¿Se ha apercibido al correspondiente interventor? ¿Se ha aprendido algo de los errores cometidos?
Mientras estas preguntas no se respondan adecuadamente, seguiremos teniendo un sistema de control del gasto no eficaz, y no adecuado a la situación actual del intento de mejora de la gestión publica en nuestro país.